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¿Cómo afecta a las pymes el plan de estabilidad 2019-2022?

El Gobierno realizará modificaciones en las ayudas a la contratación así como en el Impuesto de Sociedades y creará un nuevo Impuesto a Determinados Servicios Digitales marcado por la UE. ¿Cómo afectarán estas medidas a la pequeña y mediana...

Plan estabilidad pymes

Tras pasar las elecciones, el Gobierno envió a la Unión Europea su Plan de Estabilidad 2019-2022. Dentro de él existen varios apartados que afectan directamente a las pymes españolas, como las medidas en el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el análisis y reestructuración que se realizará sobre algunos incentivos a los autónomos.

Impuesto de Sociedades para pymes

En cuanto al paquete de disposiciones sobre el Impuesto de Sociedades, el Gobierno pretende acercar el tipo efectivo al nominal, buscando una mayor aportación a la Seguridad Social por parte de las grandes empresas.

Dentro del marco de fiscalidad de la UE, habrá un límite en las exenciones para evitar doble imposición en cuanto a dividendos y plusvalías producidos fuera de España al participar en sociedades filiales. Bajará del 100% actual hasta el 95%.

Además, se requerirá una cuota líquida mínima del 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades. Subirá a un mínimo del 18% en los casos de empresas que cotizan al tipo incrementado del 30%. Se verán afectados por esta medida a las empresas que su importe neto llegue o supere los 20 millones o los grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal.

Sin embargo, para aquellas compañías con una facturación inferior al millón de euros, existirá una rebaja nominal del 25% al 23%. De este modo pretenden dar una ayuda a las pymes a las que consideran “importantes en nuestro modelo productivo”.

Impuesto sobre Servicios Digitales

En cuanto a la creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, nace con el objetivo de que empresas internacionales graven en España los ingresos que obtienen. Siempre dentro del marco de ciertos servicios digitales que actualmente no recoge la fiscalidad española.

Tal y como explica el Plan de estabilidad, este impuesto “se basa en el propuesto por la Comisión Europea para gravar aquellas actividades digitales que obtienen valor añadido de la participación de los usuarios situados en el territorio de la UE, pero que no están gravadas por los Estados miembros en el actual marco fiscal”.

El gravamen será de un 3% y afecta a los servicios de publicidad, servicios de intermediación (ambos cuando se realicen de forma digital) y a la venta de datos registrados gracias a la información que ofrecen los propios usuarios.

El objetivo marcado es que no perjudique a las pymes, por lo que afectará sobre todo a personas jurídicas, empresas y entidades con unos ingresos netos superiores a 750 millones y cuyos ingresos relacionados con estas actividades en España estén por encima de los 3 millones. Para ambas cifras se tendrá en cuenta el año natural anterior.

Estudio de las bonificaciones y ciertas ayudas a la contratación

Además, las pymes se podrían afectadas por el “estudio de efectividad” que el Gobierno llevará a cabo en algunas de las bonificaciones y reducciones relacionadas con la contratación. El prespuesto actual para estos incentivos es de 2.600 millones y desde la Administración pretenden frenar esta disminución de ingresos a la Seguridad Social.

Por ello, buscarán una reorganización de las ayudas existentes que aumente los ingresos por cotizaciones sociales. Así, tras la reorganización de estas ayudas, desde el Gobierno ven posible contar con un impacto anual de 500 millones de euros el próximo año. El beneficio, según recoge la Actualización del Plan, “repercutirá positivamente en las cotizaciones sociales y en la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”.

Este análisis, planteado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se llevará a cabo con los incentivos destinados a jóvenes menores de 30 años y personas mayores de 45, mujeres con infrarrepresentación en determinadas profesiones y oficios, tarifa plana de trabajadores autónomos, transformación a contratos indefinidos desde contratos temporales, contratación de personas con discapacidad y reducciones al trabajo autónomo con carácter general y específico.