Portada > AUTÓNOMOS PYMES > Más de la mitad de las Comunidades incumplieron en julio la Ley de Morosidad

Más de la mitad de las Comunidades incumplieron en julio la Ley de Morosidad

Las comunidades de Murcia y Cantabria son las que peor pagan, mientras que las Islas Canarias y Galicia se sitúan como las que antes se ponen al día con las facturas de sus proveedores.

Comunidades Autónomas proveedores

Le legislación es clara: las Administraciones deben pagar a sus proveedores en un plazo de, como máximo, 30 días desde que estos emiten su factura. Esa es la teoría, pero en la práctica lo cierto es que muchas Comunidades Autónomas tardan más tiempo en pagar, en concreto ocho de ellas.

De hecho, hay regiones que casi duplican este periodo establecido, como la Región de Murcia, que es la comunidad que más tarde paga. En concreto, esta comunidad hace los pagos con una media de 58,45 días. Le siguen Cantabria, que alcanza los 57,57 días para pagar sus facturas pendientes, y Cataluña, que también supera los 50 días para ponerse al día con sus proveedores (51,75 días).

Pero no son las únicas que retrasan sus pagos. La Comunidad Valenciana ocupa el cuarto lugar, llegando a liquidar estas facturas a los 49,32 días de media. Tras ella se sitúan Castilla-La Mancha (44,82 días), las Islas Baleares (41,04 días), La Rioja (40,73 días) y la Comunidad de Madrid (36,73 días).

En el otro lado se sitúan las Islas Canarias, que es la Comunidad Autónoma que más rápido realiza los pagos a sus proveedores, seguida por Galicia. Ambas regiones casi reducen el plazo legal estipulado de pagos a la mitad, con una media de 16,76 y 16,96 días respectivamente.

La siguiente Administración con menos demora en sus pagos es la del País Vasco, con una media de 22,06 días. Apenas dos días más que esta tardan la Comunidad Foral de Navarra (24,36 días) y Asturias (24,73 días), lo que sitúa muy bien a las regiones del norte del país.

Castilla y León, con una media de 25,58 días para abonar las facturas, y Extremadura, con 28,21 días, tampoco superan el plazo máximo que marca la ley.