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España ultima la trasposición que facilitará el acceso de pymes a licitaciones

Estas nuevas directrices se basan en la Estrategia Europa 2020 de la UE.

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Nadia Calviño, Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha anunciado las nuevas directrices que se deberán seguir para la contratación pública. Unas medidas que acercan a las pequeñas y medianas empresas a esta materia.

Esto será gracias a que las entidades contratantes deberán hacer una incorporación en sus procedimientos, de forma transversal, de consideraciones de apoyo a las pymes, de naturaleza medioambiental, social y laboral. Incorporación procedente de normativa europea.

Se podrán imponer sanciones en los casos de incumplimiento de los contratos adjudicados, tratando de garantizar así que se respeten y cumplan. También, en los casos de conflicto, se podrá buscar una solución extrajudicial y se incluirá el incumplimiento grave del derecho comunitario como motivo para la nulidad del contrato.

Por contrario, se limitarán las situaciones en las que se puedan modificar contratos y, aquellas superiores a un 20% de la cuantía inicial, deberán recibir una autorización del ministerio correspondiente. Además será necesario incluir el objeto del contrato dentro del mismo, evitando posibles casos o actuaciones fraudulentas.

Asimismo, se establece como obligatoria la contratación electrónica para cualquier proceso de este tipo que se lleve a cabo. Una forma de conseguir una mayor transparencia y eficiencia en este tipo de casos. También se simplificarán los formularios para los anuncios de este tipo de contratación pública.

Medidas para facilitar el acceso de las pymes

Las ofertas más bajas ya no serán, por sistema, las elegidas. Se buscará “la mejor oferta”, es decir, aquella que garantice también calidad y no sólo su bajo precio. Por ello se exigirá que los criterios cualitativos sean de, al menos, el 51% de la puntuación. Del mismo modo, aquellas ofertas que resulten anormalmente bajas, por razón del incumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o medioambientales, podrán ser rechazadas.

Con estas nuevas normas tampoco se podrá subcontratar la totalidad de la licitación, marcando el límite en el 60% de la misma. De la misma forma, se permitirá que las entidades públicas que realizan los contratos puedan realizar subastas electrónicas, utilizar sistemas dinámicos de adquisición o centrales de compras.

Las empresas de inserción podrán optar a más ámbitos de contratación, así como se fomentará la igualdad de género, la conciliación y la participación de la mujer en le mercado laboral con el impulso de consideraciones sociales, medioambientales, sociales y de I+D en la ejecución de licitaciones.

Todas estas consideraciones, entre otras, están basadas en las directivas comunitarias aprobadas por la Unión Europea en 2014, dentro del marco Estrategia Europa 2020.